Comienza en junio la prohibición de plásticos de un solo uso

La Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes no dio paso al proyecto del Senado que buscaba aplazar hasta 2025 la vigencia de la Ley 51 de 2022 que prohíbe la venta y utilización de plásticos de un solo uso en Puerto Rico.

La Comisión de Recursos Naturales rindió un informe en contra de la pieza legislativa y obtuvo seis votos a favor y uno en contra. Los votos a favor del informe negativo fueron de los representantes populares, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, José “Cony” Varela Fernández, Edgardo Feliciano y Héctor Ferrer Santiago. También, votaron a favor, los representantes Mariana Nogales, del Movimiento Victoria Ciudadana y Denis Márquez Lebrón, del Partido Independentista Puertorriqueño.

La acción legislativa ocurre en momentos en que líderes de la comunidad empresarial de Puerto Rico se unían para recabar de la Asamblea Legislativa, que aprobaran la posposición.

"La falta de precisión y de directrices operativas dentro del reglamento propuesto plantea un reto insostenible para nuestros socios. Es imperativo que el gobierno considere el impacto práctico de esta ley y trabaje en colaboración con nosotros para definir una estrategia coherente y equitativa. No podemos apoyar una medida que, aunque bienintencionada, podría resultar en consecuencias negativas sin una guía adecuada. Es vital que se postergue la entrada en vigor hasta que se establezca un reglamento comprensivo que no solo defina claramente lo que constituye un plástico de un solo uso, sino que también provea un marco de acción claro para todos los involucrados", expresó Carlos Budet, presidente de la Asociación de Restaurantes (ASORE).

Los representantes de la comunidad empresarial unidos en esta iniciativa incluyen a la Asociación de Comercio al Detal (ACDET), el Centro Unido de Detallistas (CUD), el Movimiento de la Industria Alimentaria (MIDA), la Cámara de Comercio y la Asociación Hecho en Puerto Rico.

El llamado de los representantes de la industria privada es a que se reconsideren las deficiencias del reglamento y se realicen los ajustes necesarios para una transición ordenada y justa que no solo proteja el medio ambiente, sino que también salvaguarde la estabilidad económica de los comerciantes y el bienestar de las familias puertorriqueñas.

Esta visión es compartida por los líderes de otras asociaciones profesionales, quienes también han señalado la falta de un programa educativo para comercios y ciudadanía, así como la ausencia de infraestructura para manejar adecuadamente los materiales compostables resultantes de esta prohibición. La industria privada hace un llamado al gobierno para posponer la implementación y reevaluar el reglamento de manera que refleje un consenso más amplio y una planificación estratégica bien fundamentada.

Por su parte, José González, presidente de la ACDET señaló que “a solo dos meses de que entre en vigor la prohibición para la venta y expendio de plásticos de un solo uso, las agencias concernidas no han culminado el proceso de aprobación del reglamento que exige la Ley 51. Este hecho sumado a que la ley no es clara respecto a las prohibiciones y los materiales permitidos, así como la necesidad de establecer excepciones basadas en salud, seguridad y comercio interestatal, hacen indispensable que la Cámara de Representantes apruebe el P. del S. 1374 a la mayor brevedad, tal como fue aprobado por el Senado de Puerto Rico.  De no ser así, el comercio no puede estar listo con el inventario correcto y se generaría una escazes, por lo que se verá afectado el consumidor puertorriqueño y poblaciones vulnerables servicios de salud, el sistema público de enseñanza y la población correccional por mencionar algunos”.

Lourdes Aponte, presidenta del CUD señaló que "la implementación de esta ley debe ir de la mano con una reglamentación clara y precisa. Sin definiciones específicas y directrices prácticas, esta ley representa más un obstáculo que un paso adelante para nuestros detallistas. Instamos a un diálogo constructivo que incluya a todas las partes para asegurar que la transición hacia alternativas sostenibles sea viable y no perjudicial para los pequeños y medianos empresarios que son el corazón de nuestra economía."

Por su parte, Ramón Pérez Blanco, presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico puntualizó que siempre han defendido y promovido prácticas de negocios que son tanto económicamente viables como ambientalmente responsables. “Sin embargo, la ley propuesta para regular los plásticos de un solo uso necesita ser revisada para reflejar un entendimiento más profundo de las realidades de los negocios locales y el impacto económico que podría tener," enfatizó.

El presidente de Hecho en Puerto Rico, Jorge Ramírez explicó que su asociación tiene como prioridad apoyar la producción y el consumo de productos locales de forma sostenible. “Aunque estamos a favor de las medidas que reducen el impacto ambiental, la ley de plásticos de un solo uso necesita contemplar mejor las necesidades y las capacidades de nuestros productores. Necesitamos reglamentaciones que no solamente sean sostenibles desde un punto de vista ambiental, sino también económicamente factibles para nuestras empresas."

Mientras que Manuel Reyes, vicepresidente ejecutivo de MIDA, mencionó que, aunque apoyan los esfuerzos hacia la sostenibilidad ambiental, la ley actual se queda corta en términos de su claridad y factibilidad. “Pedimos que se aplace la implementación hasta que se pueda garantizar un reglamento que detalle con precisión cómo proceder sin perjudicar la operatividad y sostenibilidad de nuestros empresarios," concluyó.

En la búsqueda de sostenibilidad, es crítico que el gobierno trabaje en colaboración con todas las partes interesadas para asegurar que las definiciones y regulaciones sean claras, precisas y aplicables. Se requiere una revisión meticulosa que contemple las realidades actuales de los comercios, así como las recomendaciones de organizaciones ambientales y expertos en la materia.

El informe presentado en la Cámara de Representantes el lunes 30 de abril, indica que “la aprobación del Proyecto del Senado 1374 representaría un retroceso significativo en la lucha por la conservación ambiental en Puerto Rico. Es imperativo que las instancias legislativas y gubernamentales asuman su responsabilidad moral y jurídica de salvaguardar los recursos naturales para las generaciones venideras sin ceder ante presiones coyunturales o intereses sociales”, sentencia el informe.

Al ser derrotado el Proyecto del Senado 1374 en comisión, no pasa a votación al pleno de la Cámara y la Ley 51, debe entrar en vigor, como dispone el propio estatuto, el primero este 1 de junio.